El gobierno de Keir Starmer está preparando una legislación que podría permitir al Reino Unido adoptar normas de la Unión Europea sin votaciones parlamentarias completas, como parte de un esfuerzo más amplio para restablecer las relaciones con el bloque.
Según el plan propuesto, los ministros utilizarían los llamados "poderes Enrique VIII" para aplicar una "alineación dinámica" con la normativa de la UE en sectores acordados, como la alimentación, las emisiones y la fabricación. Esto permitiría al Reino Unido seguir rápidamente la evolución de las normas del mercado único cuando se considere de interés nacional, utilizando legislación secundaria que los diputados pueden aprobar o rechazar, pero no modificar.
La medida refleja un cambio en la estrategia posterior al Brexit, ya que el gobierno intenta reducir las barreras comerciales y compensar las tensiones económicas relacionadas con la inestabilidad mundial, incluido el reciente conflicto de Irán.
Es probable que figuras políticas como Nigel Farage y otras voces favorables al Brexit cuestionen las propuestas, argumentando que socavan el resultado del referéndum de 2016.
A pesar de la previsible reacción, los ministros parecen dispuestos a seguir adelante, enmarcando la legislación como una respuesta pragmática a las realidades económicas y no como una marcha atrás del Brexit.
