La administración del presidente Donald Trump ha ampliado la autoridad de los funcionarios de inmigración para detener a refugiados legales en espera de la residencia permanente, según un memo del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense presentado ante un tribunal federal (vía Reuters).
Según la directiva, los refugiados deben volver a la custodia del gobierno para "inspección y examen" un año después de haber sido admitidos en Estados Unidos, momento en el que, por ley, deben solicitar el estatuto de residente legal permanente. El memorando autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. a detener a personas mientras dure ese proceso de revisión, describiendo la medida como necesaria para promover la seguridad pública y alinear los procedimientos con los de otros solicitantes de inmigración.
Esta política supone un cambio con respecto a las directrices de 2010, según las cuales no obtener la residencia permanente no era motivo de detención o expulsión. Organizaciones de defensa de los refugiados, entre ellas HIAS, criticaron la medida, advirtiendo de que podría perjudicar a miles de personas que fueron admitidas legalmente tras huir de la persecución.
La ampliación se produce en medio de una mayor represión de la inmigración que ha visto aumentar drásticamente el número de personas detenidas por el ICE desde que Trump volvió al poder. El mes pasado, un juez federal de Minnesota bloqueó temporalmente una política relacionada, dictaminando que los agentes de inmigración probablemente violaban los estatutos federales al detener a refugiados para someterlos a una investigación adicional...
