El Tribunal Supremo declara ilegal la prohibición de la Acción Palestina en un importante revés para el gobierno británico
Los jueces concluyen que la proscripción fue desproporcionada, lo que plantea cuestiones más amplias sobre el uso que hace el gobierno británico de los poderes antiterroristas contra grupos de protesta.
El viernes por la mañana, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que el Ministerio del Interior actuó ilegalmente al prohibir Acción Palestina en virtud de la legislación sobre terrorismo. La decisión, dictada en los Reales Tribunales de Justicia de Londres, podría desenmarañar cientos de causas penales incoadas contra simpatizantes del grupo.
La impugnación fue presentada por la cofundadora del grupo, Huda Ammori, quien alegó que la proscripción vulneraba sus derechos fundamentales. El tribunal le dio la razón, declarando que la prohibición interfería con sus derechos a la libertad de expresión y de reunión en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Inmediatamente después de la sentencia, la Policía Metropolitana anunció que dejaría de detener a manifestantes simplemente por exhibir carteles en apoyo de Acción Palestina. Sin embargo, los agentes seguirán reuniendo pruebas mientras el gobierno estudia sus próximos pasos, incluido un posible recurso.
La sentencia fue dictada el viernes por la mañana en los Tribunales Reales de Justicia por Dame Victoria Sharp. El tribunal concluyó que la prohibición era desproporcionada. Consideró que la naturaleza, la escala y la persistencia de las actividades de Acción Palestina no alcanzaban el umbral requerido para su proscripción en virtud de la legislación sobre terrorismo.
A pesar de ello, el tribunal no llegó a levantar la prohibición con efecto inmediato. En su lugar, ordenó que la proscripción -que entró en vigor el 5 de julio de 2025 en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000- permaneciera temporalmente en vigor. La pausa tiene por objeto permitir que se escuchen nuevos argumentos jurídicos y dar tiempo al gobierno para estudiar y presentar un recurso. Por ahora, la pertenencia o el apoyo al grupo de acción directa sigue siendo un delito punible con hasta 14 años de prisión.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha indicado que el gobierno tiene intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal de Apelación.
Acción Palestina había sido el primer grupo de protesta de acción directa prohibido en virtud de la legislación, lo que lo situaba en la misma categoría jurídica que organizaciones como Al Qaeda, Estado Islámico y el grupo de extrema derecha Acción Nacional. Más de 2.000 personas han sido detenidas por su presunto apoyo a la organización, y unas 200 se enfrentan a cargos relacionados con el terrorismo.
En su decisión, el tribunal falló en contra del Ministerio del Interior por dos motivos principales. Entre sus críticas figuraba la conclusión de que el ministro del Interior no había explicado adecuadamente las ventajas específicas de proscribir la organización, lo que socavaba la base jurídica de una medida tan severa.
La sentencia abre ahora la puerta a un ajuste de cuentas jurídico y político más amplio. A la espera de una apelación, el caso está a punto de poner a prueba los límites entre los poderes de seguridad nacional y el derecho a la protesta, y podría tener consecuencias de gran alcance para la política antiterrorista, las libertades civiles y los cientos de casos que ya se están tramitando en los tribunales.
Lasentencia completa del tribunal expone detalladamente el razonamiento en que se basa la decisión y los límites que impone al uso por el gobierno de los poderes de proscripción.
