España ha aprobado oficialmente una reducción de la semana laboral legal, rebajándola de 40 a 37,5 horas, efectiva en 2026. La decisión, apoyada por el gobierno de coalición del país y encabezada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende mejorar la productividad y ofrecer a los trabajadores más tiempo personal, sin reducción salarial. Este cambio sitúa a España en la creciente lista de países que se están replanteando la semana laboral estándar. Francia, por ejemplo, ya ha implantado una semana laboral de 35 horas, mientras que Islandia ha probado una semana laboral de cuatro días con resultados positivos.
Sin embargo, la reforma española se enfrenta a la oposición de los grupos patronales, que argumentan que podría aumentar los costes empresariales y obstaculizar la competitividad. El plan también se ha enfrentado a la resistencia de los partidos políticos, y algunos piden un aplazamiento para ayudar a las pequeñas empresas a adaptarse. Aunque esta reforma se considera un paso progresista en la mejora de la satisfacción de los trabajadores, sigue habiendo dudas sobre su posible impacto económico y sobre si otros países seguirán el ejemplo de España.
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