La crisis de migración en Ceuta y Melilla, enclaves españoles en la costa de Marruecos, donde más de 50 000 personas han cruzado la frontera a nado o en balsas (41 de ellas han fallecido en el intento, según las últimas cifras del Gobierno español), ha tenido eco en toda Europa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue la primera en decir que excluirían a España del espacio Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea entre países.
Horas más tarde, fue Mari Rantanen, la primera ministra de Finlandia, quien dijo en X, antes conocido como Twitter, que «España ha fracasado por completo a la hora de proteger la frontera exterior del espacio Schengen contra las infiltraciones» y añadió que «los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen».
Y el viernes, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien dijo que deberían «considerar todas las opciones», lo que incluiría excluir a España del espacio Schengen, lo que significaría que los viajeros procedentes de España tendrían que pasar por controles de seguridad adicionales en las fronteras (además de llevar el pasaporte), a diferencia del resto de ciudadanos de la UE.
«Está claro que la UE debe tomar de inmediato todas las medidas necesarias y barajar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen», declaró Frederiksen a la agencia de noticias danesa Ritzau, haciendo hincapié en la «amenaza» que supone la inmigración descontrolada hacia Europa (vía El País).
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha dicho que han ordenado reforzar los controles en la frontera con España, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado a España a devolver rápidamente a los inmigrantes. Según un informe reciente del Ministerio del Interior español, alrededor de la mitad de esos 50 000 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos.
