La crucial vista del martes 15 de julio celebrada en Luxemburgo acabará determinando si España pudo aplicar una amnistía política tras acordarla con los partidos independentistas, y si ello entra en conflicto con el derecho y los valores de la Unión Europea.
Durante la vista de ayer surgieron importantes desacuerdos, ya que el representante de la Comisión Europea criticó duramente la ley de amnistía, mientras que los abogados de los acusados, la Abogacía del Estado y la Fiscalía argumentaron a favor de su legalidad, según recoge Eldiario.
El TJUE examinará si la Ley Orgánica de Amnistía española, que indulta los delitos de malversación y terrorismo relacionados con el procés, entra dentro del derecho de la UE, y por tanto cuestiona su alcance real. Esto afecta tanto a los miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República, de su acrónimo catalán) como a los altos cargos implicados (Puigdemont, Junqueras, Mas).
La Comisión Europea ha argumentado que la ley no responde a un interés general real, sino a un acuerdo político (PSOE, Junts y ERC) para que el actual presidente obtuviera una investidura, y la considera contraria a los valores europeos. En esta línea, la CE ha advertido del peligro de establecer una "autoamnistía" (una ley para garantizar la impunidad política en el poder) y se pregunta si esto viola el Estado de Derecho y la independencia judicial.
Luxemburgo también cuestiona los plazos (2 meses para aplicar la amnistía) y, sobre todo, la exclusión de determinados delitos de terrorismo si no hubo muerte o tortura, por si la ley es demasiado amplia o vaga con respecto a la directiva europea antiterrorista.
Tras la vista de ayer, el caso está listo para sentencia, aunque el Tribunal de Justicia de la UE tardará varios meses en dictar una resolución definitiva. Como en anteriores capítulos del procés, se sigue con atención la evolución de la situación en diversas regiones de Europa que ya se independizaron o buscan la independencia.
