Han pasado cinco años desde la devastadora explosión en el puerto de Beirut, el 4 de agosto de 2020, cuando 2.750 toneladas de nitrato de amonio estallaron como consecuencia de un incendio. 200 personas perdieron la vida, miles resultaron heridas y gran parte de la ciudad quedó destruida, en una de las mayores explosiones no nucleares jamás registradas.
Todos los años desde la tragedia, las víctimas de la explosión se reúnen para protestar por la falta de rendición de cuentas: se inició una investigación, pero se ha encontrado con muchos obstáculos, con la destitución de los fiscales y la negativa de los políticos a responder a las preguntas amparándose en su inmunidad parlamentaria. El juez encargado en 2021 de dirigir la investigación, Tarek Bitar, pasó dos años "bloqueado por las autoridades libanesas", según Human Rights Watch.
Este año, sin embargo, las cosas parecen un poco diferentes, según las personas entrevistadas por Al Yazira, ya que a principios de 2025 fueron elegidos un nuevo presidente y un nuevo primer ministro, Joseph Aoun y Nawaf Salam, respectivamente, que se comprometieron a hacer justicia a las víctimas. Y por primera vez en cinco años, "existe la sensación de que se está cobrando impulso", informaron.
"La rendición de cuentas sería el primer paso para que los libaneses en Líbano y en la diáspora recuperen la confianza, y sin confianza, Líbano no podrá recuperarse", dijo Bitar, que piensa que "necesitan enviar una señal a la opinión pública libanesa de que algunos de los responsables, aunque ocupen altos cargos, rendirán cuentas".
