Marine Le Pen volvió al tribunal de París esta semana para apelar su condena por malversación de fondos de la Unión Europea, negando firmemente cualquier delito, mientras los jueces sopesan una decisión que podría determinar su futuro político. El resultado del caso decidirá si la antigua líder de la Agrupación Nacional (RN) puede presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.
Le Pen fue condenada el año pasado a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable de desviar más de 4 millones de euros de fondos de la UE. Los jueces dictaminaron que el dinero destinado a pagar al personal del Parlamento Europeo se había utilizado, en cambio, para financiar a trabajadores del partido entre 2004 y 2016. Le Pen y varios coacusados han recurrido esa sentencia.
Durante las audiencias de apelación, Le Pen adoptó un tono jurídico más comedido que en anteriores comparecencias ante el tribunal, pero mantuvo su defensa principal. "Impugno formalmente la idea de que hubiera una especie de sistema", dijo al tribunal, rechazando las afirmaciones de que el partido organizara deliberadamente el uso indebido de fondos de la UE.
También señaló a su difunto padre, Jean-Marie Le Pen, fundador del partido, afirmando que mantuvo el control efectivo de la organización hasta 2014. Aunque reconoció que las disposiciones internas eran defectuosas, insistió en que el personal pagado con dinero de la UE trabajaba de verdad. "El funcionamiento no era el ideal", dijo, "pero toda esa gente trabajaba".
Está previsto que el juicio se prolongue hasta mediados de febrero, y que se dicte sentencia antes del verano. Si se levanta o reduce la inhabilitación de Le Pen, podría seguir siendo candidata a la presidencia; en caso contrario, el presidente de RN, Jordan Bardella, es considerado por muchos como el probable candidato sustituto del partido.
