Mette Frederiksen ha suscitado un debate político antes de las elecciones anticipadas en Dinamarca con una propuesta para introducir un impuesto sobre el patrimonio del 0,5% sobre los activos superiores a 25 millones de coronas, destinado a financiar las escuelas y reducir el número de alumnos por clase. Esto supone un giro a la izquierda de su coalición centrista con Lars Løkke Rasmussen, en su intento de hacer frente a la creciente desigualdad y a la presión sobre los servicios públicos.
La propuesta llega mientras Frederiksen se beneficia de un aumento del apoyo tras su gestión de las tensiones con Donald Trump sobre Groenlandia. Las encuestas sugieren que el llamado "rebote de Groenlandia" ha reforzado su posición en todos los partidos, y algunos votantes la ven ahora como una líder fiable en tiempos de incertidumbre geopolítica.
Los partidarios argumentan que el impuesto refleja las prioridades tradicionales del bienestar, sobre todo en la educación. "Es un enfoque asistencialista danés muy clásico", dijo un representante del sindicato de profesores (vía The Guardian), destacando retos como la escasez de personal y la inclusión en las escuelas. La política reduciría significativamente el tamaño de las clases para los alumnos más jóvenes, una demanda clave entre los partidos de izquierda.
Sin embargo, los líderes empresariales han criticado duramente la medida, advirtiendo de sus consecuencias económicas. Henrik Andersen, de Vestas, resumió la reacción declarando: "Basta ya", y sugirió que el impuesto podría expulsar de Dinamarca a las empresas y las inversiones. En vísperas de las elecciones, la división entre la expansión del bienestar y la competitividad económica va a marcar la recta final de la campaña.
