El miércoles, un tribunal japonés condenó a Tetsuya Yamagami a cadena perpetua por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, poniendo fin a un caso que conmocionó al país y repercutió en su sistema político. Abe, el dirigente más longevo de Japón, fue asesinado a tiros en julio de 2022 mientras pronunciaba un discurso de campaña en la ciudad occidental de Nara.
Yamagami, de 45 años, admitió haber matado a Abe con un arma de fabricación casera y no impugnó su culpabilidad durante el juicio. La fiscalía había pedido cadena perpetua, calificando el atentado de crimen sin precedentes en el Japón de posguerra, mientras que la defensa abogó por una pena menor, de hasta 20 años, alegando dificultades personales y traumas familiares relacionados con la Iglesia de la Unificación.
Al dictar sentencia, el juez Shinichi Tanaka describió el tiroteo como "despreciable" y dijo que disparar un arma contra una multitud era "extremadamente peligroso y malicioso", según la cadena pública NHK. Los abogados de Yamagami dijeron que consultarían con él la posibilidad de apelar.
Aunque ya no era primer ministro en el momento de su muerte, Abe seguía siendo una fuerza dominante dentro del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). Su muerte creó un vacío de poder que dio lugar a repetidas contiendas por el liderazgo y debilitó el control del partido sobre el gobierno, a pesar de que la antigua protegida de Abe, Sanae Takaichi, lidera ahora tanto el PLD como el país.
El caso también supuso un renovado escrutinio de los vínculos entre el PLD y la Iglesia de la Unificación, después de que Yamagami dijera que apuntaba a Abe por los vínculos del ex dirigente con grupos afiliados a la iglesia. Las investigaciones posteriores revelaron conexiones generalizadas entre los legisladores y la organización, dañando aún más la confianza pública en un partido que ha gobernado Japón durante la mayor parte de la posguerra.
