El gobierno español ha aprobado un decreto que permitirá regularizar la situación de hasta medio millón de inmigrantes y solicitantes de asilo indocumentados, apartando al país de las políticas migratorias cada vez más restrictivas que se observan en gran parte de Europa.
La medida, que entrará en vigor en abril, se aplicará a las personas que puedan demostrar que han vivido en España al menos cinco meses o que solicitaron protección internacional antes de finales de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales. El gobierno afirma que el objetivo es reducir la burocracia y sacar a los residentes de larga duración del limbo legal.
En Madrid, los funcionarios calificaron la decisión de reforma estructural y no de solución de emergencia La ministra de Migración, Elma Saiz, describió la medida como un punto de inflexión destinado a eliminar antiguos obstáculos burocráticos y a alinear la política de migración con la integración, el crecimiento económico y la cohesión social.
El decreto llega en medio de presiones de partidos de izquierda y grupos de la sociedad civil, que han argumentado que la economía y el sistema de bienestar de España dependen de la migración. Los partidos conservadores y de extrema derecha (PP y VOX) reaccionaron con dureza, acusando al gobierno de crear un efecto llamada y poner a prueba los servicios públicos.
