El gobierno español ha acusado al fundador de Telegram, Pavel Durov, de "difundir mentiras" e intentar socavar las instituciones democráticas, después de que enviara un mensaje masivo a los usuarios de la aplicación en España criticando los planes del gobierno de restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años e imponer responsabilidad a las empresas tecnológicas por contenidos nocivos.
El mensaje de Durov, enviado el miércoles, advertía de que las medidas propuestas podrían convertir a España "en un Estado de vigilancia bajo la apariencia de 'protección'" y afirmaba que los requisitos de verificación de la edad allanarían el camino para rastrear "la identidad de cada usuario", mientras que las normas de responsabilidad podrían alentar a las plataformas a censurar excesivamente los contenidos, suprimiendo la disidencia política, el periodismo y las opiniones corrientes.
Las autoridades españolas condenaron la intervención, argumentando que pretendía erosionar la confianza en las instituciones públicas. "El fundador de Telegram, Pavel Durov, utilizó su control ilimitado de la aplicación para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España, difundiendo varias mentiras y realizando ataques ilegítimos contra el gobierno. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de nuestro país", dijo un portavoz del Gobierno. "Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que oligarcas tecnológicos extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo simplemente porque el gobierno haya anunciado medidas para proteger a los menores y hacer cumplir la ley".
El episodio sigue una pauta creciente de tensiones entre los gobiernos europeos y los multimillonarios de la tecnología. Justo un día antes del mensaje de Durov, Elon Musk describió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "verdadero fascista totalitario" en respuesta a las normas propuestas. Los funcionarios europeos han desplegado cada vez más estrategias en las redes sociales, como memes y refutaciones oficiales, para responder a las intervenciones de la industria tecnológica en la política nacional.
Las autoridades españolas sostienen que la legislación propuesta tiene por objeto proteger a los menores y regular las plataformas, no restringir la libertad de expresión. El presidente Sánchez respondió a la polémica con una frase adaptada del Quijote: "Que ladren los oligarcas tecnológicos, Sancho, significa que vamos por buen camino".
El debate pone de manifiesto una preocupación europea más amplia por la influencia de las empresas tecnológicas extranjeras. Francia, Dinamarca y otros países están estudiando formas de reducir la dependencia de plataformas no europeas y adoptar soluciones propias o de código abierto para salvaguardar la infraestructura digital pública....
