En lo que supone un claro alejamiento de las anteriores políticas de exportación, la administración Trump está trabajando, según Reuters, en una nueva legislación que basará la exportación de chips de IA en un marco quid pro quo. El Departamento de Comercio de EE.UU. ha confirmado oficialmente un nuevo marco legal.
En resumen, cualquier empresa que desee adquirir grandes pedidos, 200.000 o más, de chips informáticos de IA, deberá realizar inversiones en centros de datos de IA o garantías de seguridad en EE.UU. y permitir que los funcionarios de control de exportaciones visiten los lugares de instalación.
Anteriormente, las ventas de tecnología tan avanzada a los aliados no se habían regulado en administraciones anteriores, por lo que el nuevo marco jurídico -que aún no está ultimado- marca un cambio muy distintivo en la política de exportación y seguridad. Parece una forma clara de dar ventaja a la administración Trump, ya que las negociaciones políticas podrían ser la principal vía para garantizar el acceso a la tecnología.
Los países que ya están en la lista negra no se ven afectados, ni tampoco países como China, que hace poco recibió la aprobación para recibir envíos de chips de IA de última generación, pero parece existir un vacío legal, ya que los envíos más pequeños, incluso inferiores a 1.000 chips, también pueden necesitar una licencia, y la única forma de evitarlo es que el fabricante supervise el uso y desactive cualquier forma de vinculación, es decir, cualquier forma de encadenamiento o uso en grupo, mientras que la exportación de más de 100.000 chips requerirá la interferencia del gobierno para ofrecer garantías, como ya hace Arabia Saudí.