El Ministerio del Interior del Reino Unido ha introducido discretamente nuevas normas que podrían impedir a miles de refugiados obtener la ciudadanía británica.
Según las directrices actualizadas, las personas que llegaron al Reino Unido a través de lo que se describe como un "viaje peligroso" -como viajar en pequeñas embarcaciones o escondidos en vehículos- probablemente verán denegadas sus solicitudes de ciudadanía.
Este cambio, que entró en vigor el 10 de febrero de 2025, ha suscitado las críticas de los defensores de los refugiados, ya que algunos afirman que podría impedir que hasta 71.000 solicitantes de asilo reclamaran la ciudadanía británica a pesar de haber obtenido el estatuto de refugiado.
Expertos jurídicos han expresado su preocupación por que esta política viole el derecho internacional, en particular la Convención de la ONU sobre los Refugiados, que prohíbe penalizar a los refugiados por su entrada ilegal.
La postura del Ministerio del Interior refleja un impulso más amplio del gobierno actual para adoptar un enfoque de línea dura en materia de inmigración, posiblemente influido por el creciente apoyo al partido Reform UK de Nigel Farage. Por ahora, está por ver cómo afectará esto a la integración a largo plazo de los refugiados en la sociedad británica.
