En respuesta a las inundaciones del año pasado en el este de España, el gobierno español ha introducido una nueva política que ofrece permisos de trabajo y residencia de un año de duración a unos 25.000 inmigrantes directamente afectados por la catástrofe.
Las catastróficas inundaciones, que se produjeron a finales de octubre y principios de noviembre, causaron más de 220 víctimas mortales y daños generalizados, incluida la destrucción de casi 60.000 viviendas y 105.000 automóviles, así como graves repercusiones en las empresas de los alrededores de Valencia.
Como parte de un esfuerzo más amplio para proteger a los extranjeros vulnerables, la nueva legislación pretende evitar que estos inmigrantes queden en situación ilegal, proporcionándoles un salvavidas crucial. La iniciativa, que también incluye los permisos de estudiante, ayudará a quienes vivan en zonas afectadas por las inundaciones entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Por ahora, queda por ver cómo evolucionará esta política en los próximos meses.
