Tres aviones despegaron el sábado por la noche, llevando a 261 venezolanos a El Salvador, mientras la orden de un juez federal de detener las deportaciones, emitida apenas unas horas antes, persistía en el aire como una pregunta sin respuesta.
Un juez federal ha ordenado ahora a la administración Trump que dé explicaciones detalladas antes del martes sobre la deportación de estos 261 venezolanos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que bloquea temporalmente tales acciones.
Los vuelos, que partieron tras la sentencia del juez James Boasberg, han suscitado dudas sobre la adhesión de la administración a la autoridad judicial y su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las expulsiones.
La Casa Blanca afirma que los deportados están vinculados a la banda venezolana Tren de Aragua, designada Organización Terrorista Extranjera, pero los críticos sostienen que la administración aún no ha aportado pruebas sustanciales de su amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
