Cuando tres funcionarios entraron el pasado octubre en la sede moscovita de Glavprodukt, el mayor fabricante de alimentos enlatados de Rusia, no perdieron tiempo en anunciar que el Estado ruso pasaría a dirigir la empresa, según el fundador de la compañía y dos personas con conocimiento del asunto (vía Reuters).
Los empleados, cogidos por sorpresa, no tardaron en darse cuenta de que su estructura empresarial había cambiado de la noche a la mañana. Ésta era sólo una más en la creciente lista de empresas extranjeras puestas bajo gestión temporal por el gobierno de Rusia, un eufemismo que ha demostrado ser cualquier cosa menos temporal.
Desde las cerveceras danesas hasta las empresas de servicios públicos finlandesas, Moscú se ha apoderado sistemáticamente de activos, los ha redistribuido entre sus leales y no muestra signos de dar marcha atrás. Se han entregado empresas rentables a personas con conexiones políticas, a menudo sin tener en cuenta su viabilidad a largo plazo.
Aunque algunos especulan con que un posible cambio en la política exterior de Estados Unidos podría restablecer los vínculos empresariales occidentales, las nacionalizaciones en curso en Rusia sugieren lo contrario. Incluso aquellos que han conseguido vender sus participaciones se han visto obligados a menudo a aceptar precios muy inferiores al valor de mercado, ya que los compradores son cuidadosamente seleccionados por el Kremlin.
Con nuevas leyes en preparación para confiscar más activos occidentales y ampliar el control estatal, el Kremlin parece decidido a quedarse con su botín y solidificar su control sobre la economía. Por ahora, está por ver si algún inversor extranjero se atreverá a volver a un mercado tan impredecible y cada vez más hostil.