Bajo la sombra de una crisis cada vez más profunda, las calles de Lima, antaño bulliciosas, zumban ahora con inquietud, donde el pulso rítmico de la vida cotidiana ha sido sustituido por las pesadas pisadas de los soldados que patrullan los barrios que antaño prosperaban con energía y color.
El lunes, el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 30 días en la capital y en la vecina provincia de Callao, en respuesta a un fuerte aumento de la delincuencia violenta que ha dejado a los residentes en vilo, con su vida cotidiana ensombrecida por el miedo y la incertidumbre.
El asesinato del cantante de cumbia Paul Flores, abatido a tiros por asaltantes armados cuando viajaba en un autobús a primera hora del domingo, se ha convertido en un punto de encuentro de la ira pública, mientras que las autoridades han vinculado el aumento de la violencia a grupos de delincuencia organizada que tienen como objetivo los negocios.
La presidenta Dina Boluarte, que ha pedido penas más duras, incluida la pena de muerte para los asesinos, se enfrenta a una creciente presión para restablecer el orden. De momento, está por ver si la presencia militar detendrá la ola de anarquía que se apodera de la ciudad.
